México requiere una transformación integral del sistema de justicia que incluya la formación interdisciplinaria y crítica de las y los abogados, y contemple procesos de educación jurídica popular y litigio participativo comunitario, además del fortalecimiento de la defensoría pública, para garantizar un acceso real a la justicia, especialmente para los sectores históricamente empobrecidos del país. Así lo propuso Raymundo Espinoza Hernández, candidato NÚMERO 42 a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante el ciclo “Las personas juzgadoras hablan”, organizado por el Instituto de Posgrado en Derecho y la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, el abogado —con amplia trayectoria en procesos colectivos en defensa del territorio— explicó que la posibilidad de elegir por voto popular a las y los operadores judiciales es esencial, pero estaría incompleto si no se incluyen los procesos formativos y de defensoría como parte de la transformación del Poder Judicial.

“Se requiere una reforma integral que no solo abarque los lugares comunes como las fiscalías y los ministerios públicos —pendientes reales y lamentables—, sino que también revise a fondo los planes y programas de estudio en la formación de abogadas y abogados. Se necesita una formación que abrace la transformación social, pues hasta ahora se ha perpetuado una enseñanza dogmática y conservadora, no porque así lo elijan, sino porque epistemológicamente así se ha impartido en los últimos 40 años”, sostuvo.

Raymundo Espinoza apuntó que la Reforma Judicial, entendida como la democratización de este Poder público, es un logro que debe animar la participación del pueblo de México. Además, representa una oportunidad histórica para realizar cambios de mayor profundidad.

“El acceso a la justicia está en la defensoría pública. Ahí, las y los compañeros están todos los días en la línea de fuego, batiéndose sin recursos y con capacidades institucionales limitadas, intentando que el acceso a la justicia sea una realidad para quienes no pueden pagar abogados particulares”, afirmó.

Propuso, en ese sentido, dotar a la defensoría pública de mayor presupuesto, más personal y mejores procesos de capacitación, dado que ahí se realiza el trabajo de primera línea para garantizar justicia a los sectores más vulnerables.

Espinoza Hernández, quien durante más de una década ha coordinado litigios de pueblos y comunidades y acompañado sus procesos en defensa del bien común frente a intereses transnacionales y proyectos de devastación ambiental, añadió que México es uno de los países con más comisiones y procuradurías, pero muchas de ellas se traslapan en sus competencias sin revisar a fondo los casos, lo que ha generado un “desperdicio de capacidades y mucha burocracia”.

En el evento, presentó propuestas específicas e insistió en que no se debe perder de vista la reivindicación del carácter público del Poder Judicial, rebasando así los simples señalamientos sobre la necesidad de liberarle de redes de influyentismo, nepotismo y corrupción que por supuesto deben atenderse a cabalidad.

Raymundo Espinoza destacó que, para lograr cambios estructurales, es fundamental la reapropiación social del derecho y una reconstrucción participativa de la justicia. “Se habla mucho de cómo acercar el Poder Judicial al pueblo, y eso se puede lograr diseñando mecanismos más participativos, que involucren a la ciudadanía en la construcción de una institucionalidad con una perspectiva distinta sobre lo que es —y lo que no es— la justicia”.

El candidato a ministro NÚMERO 42 subrayó que la Reforma Judicial ha abierto también la posibilidad de reivindicar principios nacionalistas y la soberanía del país. 

“Se dejó de hablar de la soberanía. Es un tema nodal en el campo del derecho y de la justicia social. En México se ha dejado de lado, cuando es un objetivo constitucional aún pendiente. Las narrativas que ha impulsado la cultura jurídica neoliberal deben ser evidenciadas, revisadas y superadas para que la impartición de justicia no esté vaciada de contenido”, dijo.

Agregó que es necesario actualizar el derecho con contenidos sociales y el reconocimiento de derechos colectivos, incluyendo los de mujeres, personas LGBTIQ+, la naturaleza y los animales, que ya forman parte del debate público, pero aún no cuentan con respaldo legal.

“En un Estado social de derecho, la justicia legal solo tiene sentido si es justicia social. Eso implica retomar el derecho al trabajo, el derecho agrario, el derecho indígena. También hablar de justicia ambiental en un planeta tan devastado, y de justicia sanitaria, considerando que vivimos en entornos profundamente afectados por la contaminación”.

Espinoza Hernández es abogado, defensor de los derechos humanos y colectivos, y acompañante de comunidades indígenas y campesinas en la lucha contra la contaminación, el despojo y los transgénicos. Académico y politólogo, es un referente en América Latina en crítica jurídica y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Además, es asesor jurídico invitado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), promotor de la educación jurídica popular y el litigio comunitario participativo. Como director jurídico del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, coordinó los trabajos para la creación de la primera Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), a través de un ejercicio inédito con amplia participación en foros públicos y consultas abiertas con personas expertas. Dicha Ley garantiza hoy el derecho humano a la ciencia en México.

Por su trayectoria, fue distinguido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la Cátedra Extraordinaria José Saramago (2024–2025). Como académico, es reconocido en América Latina como referente en crítica jurídica y ha publicado más de 70 textos académicos y de divulgación.

Para conocer más sobre Raymundo Espinoza, candidato a ministro de la SCJN con el NÚMERO 42, se puede consultar la plataforma CONÓCELES del Instituto Nacional Electoral (INE).